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México, D. F., 12 de agosto de 2010.- La Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo participó en el foro “Hacia Una Legislación Integral en Materia de Trata de Personas y Delitos Relacionados”, efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Romero expresó ante diputados integrantes de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas, instituciones y representantes de organizaciones públicas y civiles, que se requieren disposiciones legales que permitan la creación de un modelo de atención integral para los extranjeros víctimas de este delito, que garantice su libre acceso a la justicia, independientemente de su situación migratoria.
La Comisionada mencionó que como forma de prevención del delito de trata y de reinserción social, el INM trabaja en tres esferas de competencia permitidas por sus atribuciones, tales como: la prevención del delito, la asistencia migratoria y, en su caso, la coadyuvancia para que se lleven a cabo los procedimientos legales tendientes a la identificación y, de ser requerido, el castigo de quienes incurren en dicho crimen.
Por esa razón, el Instituto ha puesto en práctica la regularización de estancia de los extranjeros, debido a la gran vulnerabilidad que tienen muchos de ellos por la falta de documentos, además de otorgar la opción de una repatriación voluntaria y protegida a su lugar de origen o bien hacia otro país.
Asimismo, el INM ha aplicado procedimientos específicos en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y ha creado la figura de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), quienes los auxilian y acompañan de regreso hasta su lugar de origen, para brindarles protección y salvaguardia. También, se ha emitido una circular para la regularización de la situación migratoria de testigos y víctimas del delito.
En su participación en la mesa de trabajo sobre Competencias, Facultades y Atribuciones de Autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Comisionada expresó que el combate al delito de trata de personas es un tema de atención transversal que involucra a los tres niveles de gobierno y que requiere de la participación de la sociedad civil, esfuerzo en el que las instituciones: “Estamos obligadas a realizar un trabajo coordinado, congruente y coherente, encaminado a generar un sistema de derechos que se traduzca en la derrota de la transgresión y el cumplimiento de la legalidad”.
Romero expresó ante diputados integrantes de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas, instituciones y representantes de organizaciones públicas y civiles, que se requieren disposiciones legales que permitan la creación de un modelo de atención integral para los extranjeros víctimas de este delito, que garantice su libre acceso a la justicia, independientemente de su situación migratoria.
La Comisionada mencionó que como forma de prevención del delito de trata y de reinserción social, el INM trabaja en tres esferas de competencia permitidas por sus atribuciones, tales como: la prevención del delito, la asistencia migratoria y, en su caso, la coadyuvancia para que se lleven a cabo los procedimientos legales tendientes a la identificación y, de ser requerido, el castigo de quienes incurren en dicho crimen.
Por esa razón, el Instituto ha puesto en práctica la regularización de estancia de los extranjeros, debido a la gran vulnerabilidad que tienen muchos de ellos por la falta de documentos, además de otorgar la opción de una repatriación voluntaria y protegida a su lugar de origen o bien hacia otro país.
Asimismo, el INM ha aplicado procedimientos específicos en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y ha creado la figura de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), quienes los auxilian y acompañan de regreso hasta su lugar de origen, para brindarles protección y salvaguardia. También, se ha emitido una circular para la regularización de la situación migratoria de testigos y víctimas del delito.
En su participación en la mesa de trabajo sobre Competencias, Facultades y Atribuciones de Autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Comisionada expresó que el combate al delito de trata de personas es un tema de atención transversal que involucra a los tres niveles de gobierno y que requiere de la participación de la sociedad civil, esfuerzo en el que las instituciones: “Estamos obligadas a realizar un trabajo coordinado, congruente y coherente, encaminado a generar un sistema de derechos que se traduzca en la derrota de la transgresión y el cumplimiento de la legalidad”.





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