LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA FORTALECEN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICO PENAL BAJO EL MANDO DEL MP: EMMI

Agosto 12 del 2008.- La conformación de un código penal tipo que materialice las reformas constitucionales de Seguridad y Procuración de Justicia y homologue el tratamiento a tipos penales en delitos graves, constituirá un primer logro en el fortalecimiento del trabajo de investigación jurídico penal bajo la conducción de los Agentes del Ministerio Público en todo el país, afirmó el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

Al encabezar los trabajos de la Comisión de Apoyo a la Instrumentación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal acordados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de la PGR subrayó que dicho código generará sinergias en todo el país, ya que se potencializan las experiencias y logros en cada procuraduría; es decir se complementa y no se sustituye a ninguna institución.

Medina Mora detalló la importancia de que cada entidad federativa, en ejercicio de su autonomía, materialice la reforma constitucional en tiempo y forma, ya que ofrece nuevos instrumentos para combatir los delitos y replantea en gran medida el funcionamiento del sistema de justicia en México.

Entre las ventajas, dijo, se encuentra un mejor sistema de selección y control de los elementos encargados de la seguridad y procuración de justicia, además de una reducción importante en los casos que se resolverán vía los juicios orales.

Adicionalmente a la reforma, Medina Mora habló de la importancia de conocer las bondades de “Plataforma México” para aprovechar al máximo los sistemas y bases de datos que contiene para actuar con mayor efectividad en el combate a los ilícitos del orden federal y local que afectan a la sociedad.

La base de datos que contiene los registros de voz que se tienen en materia de secuestros, ejemplificó, constituye una de las muchas herramientas tecnológicas que pueden y deben ser consultadas por todas las corporaciones policíacas y procuradurías del país para atacar con efectividad y eficacia este ilícito.

Eduardo Medina Mora llamó a sus homólogos a hacer un diagnóstico claro de la forma en que se presenta el delito y a no confundirse en su expresión actual, ya que de ello depende también el éxito de su combate.

La involución criminal que han experimentado diversos grupos de narcotraficantes; el desmembramiento de organizaciones dedicadas al secuestro, pero de las cuales algunos de sus integrantes siguen en libertad y operando; así como la participación de algunos servidores públicos son tan solo tres de los aspectos a valorar en el diagnóstico.

Afirmó que el combate al delito de secuestro es una tarea de Estado en su conjunto, y la Federación está comprometida a no bajar la guardia, al tiempo que refrendó el compromiso del Gobierno Federal de acompañar en todos sus esfuerzos a las entidades federativas.

El reto es dar una respuesta articulada a este reclamo social, con la convicción de que un solo secuestro es mucho e intolerable, nos vulnera como sociedad, y nos roba la paz y tranquilidad, afirmó.

Más adelante, el procurador habló del proyecto Constanza que implica un redimensionamiento de los controles y procesos que toda averiguación previa deberá cumplir por parte de los Ministerios Públicos Federales.

Con ello, abundó, se diseñan las bases de datos y controles de acuerdo a las experiencias de los Ministerios Públicos, policías y peritos que estimen indispensables en cada caso, para que en línea queden asentadas las actuaciones de los AMPF, con lo que se reducirá la discrecionalidad, impericia, cargas de trabajo excesivas y modificaciones de los hechos.

Esta información quedará blindada y contará con diferentes niveles de acceso a cada averiguación previa. “Contanza es el rediseño del roll del trabajo ministerial”, agregó.

Entre los acuerdos suscritos por los asistentes se encuentra el continuar con el análisis y estudio de las medidas que se deben de tomar para materializar la reforma constitucional y la legislación secundaria; los alcances de la figura de extinción de dominio; los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal privada; la legislación penal tipo; los sistemas de información y certificación, entre otras.