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Cd. Juárez, Chih., a 6 de septiembre de 2010.- El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en el estado el auto de formal prisión contra un presunto responsable del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana.
Luego de valorar los elementos de prueba del Fiscal Federal en el pliego de consignación, el Juez de la causa decretó la formal retención de Luis Alfonso Robles González, asegurado por agentes de la Policía Federal en posesión de 16 envoltorios con marihuana con un peso de 129 gramos, durante un operativo implementado en la colonia Galeana.
Según hechos asentados en la causa penal 97/2010-V, el ahora procesado conducía una camioneta Ford Explorer XL, modelo 1992, con placas del estado norteamericano de Colorado, al momento de ser interceptado por los federales.
Por ello, el indiciado fue informado de dicha resolución al interior del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, donde enfrenta su proceso penal.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.
Luego de valorar los elementos de prueba del Fiscal Federal en el pliego de consignación, el Juez de la causa decretó la formal retención de Luis Alfonso Robles González, asegurado por agentes de la Policía Federal en posesión de 16 envoltorios con marihuana con un peso de 129 gramos, durante un operativo implementado en la colonia Galeana.
Según hechos asentados en la causa penal 97/2010-V, el ahora procesado conducía una camioneta Ford Explorer XL, modelo 1992, con placas del estado norteamericano de Colorado, al momento de ser interceptado por los federales.
Por ello, el indiciado fue informado de dicha resolución al interior del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, donde enfrenta su proceso penal.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.





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